La disputa por los beneficios de las stablecoins, bloqueada en la legislación regulatoria de las criptomonedas en Estados Unidos.

Escrito por: Oluwapelumi Adejumo

Traducido por: Saoirse, Foresight News

Esta legislación, respaldada por el presidente y destinada a establecer reglas regulatorias más completas para el mercado de criptomonedas en Estados Unidos, se acerca a un plazo político en el Congreso. Mientras tanto, la banca presiona a legisladores y reguladores para prohibir que las empresas de stablecoins ofrezcan rendimientos similares a los intereses de depósitos bancarios.

Este juego se ha convertido en uno de los temas más cruciales y pendientes en la agenda de criptomonedas en Washington. La disputa central es: ¿deberían las stablecoins vinculadas al dólar centrarse únicamente en funciones de pago y liquidación, o pueden agregar atributos de inversión que compitan con cuentas bancarias y fondos del mercado monetario?

El proyecto de ley de estructura de mercado en el Senado, llamado Ley CLARITY, ha quedado estancado debido a la ruptura en las negociaciones sobre los llamados “rendimientos de stablecoins”.

Fuentes de la industria y cabilderos indican que, si se quiere que la ley tenga una posibilidad real de aprobarse antes de que se cierre el calendario electoral, la ventana de oportunidad para avanzar será desde finales de abril hasta principios de mayo.

El Congressional Research Service (CRS) ha agudizado aún más la disputa legal

El CRS define este problema de manera más restringida que el debate público.

En un informe del 6 de marzo, el CRS señala que la Ley GENIUS prohíbe a los emisores de stablecoins pagar directamente rendimientos a los usuarios, pero no aclara completamente la legalidad del llamado “modelo de terceros” — es decir, las plataformas de intercambio y otros intermediarios entre el emisor y el usuario final.

El CRS afirma que la ley no define claramente quién es “el titular”, dejando espacio para controversias sobre si los intermediarios aún pueden transferir beneficios económicos a los clientes. Esta ambigüedad es precisamente la razón por la cual la banca busca que el Congreso aclare estos aspectos en una ley de estructura de mercado más amplia.

La banca argumenta que incluso incentivos limitados podrían convertir a las stablecoins en competidores fuertes de los depósitos bancarios, afectando especialmente a los bancos regionales y comunitarios.

Por otro lado, las empresas de criptomonedas sostienen que los incentivos vinculados a pagos, uso de billeteras o actividades en línea pueden ayudar a que el dólar digital compita con los canales de pago tradicionales y mejorar su posición en el sector financiero convencional.

Esta diferencia refleja también distintas percepciones sobre el futuro desarrollo de las stablecoins.

Los gráficos muestran que, a medida que aumenta el uso del dólar digital, existen desacuerdos graves entre bancos y empresas de criptomonedas sobre quién debería recibir los rendimientos de las stablecoins.

Si los legisladores consideran las stablecoins principalmente como instrumentos de pago, será más fácil justificar restricciones más estrictas a los incentivos. Pero si ven estos activos como una transformación significativa en la circulación de valor en plataformas digitales, la propuesta de limitar los incentivos será más defendible.

La Asociación Bancaria ha instado a los legisladores a cerrar las “lagunas regulatorias” antes de que estos mecanismos de recompensa se vuelvan más comunes. Argumentan que permitir que los saldos ociosos generen rendimientos podría llevar a los depositantes a retirar fondos, reduciendo las fuentes principales de financiamiento para préstamos a hogares y empresas.

El Standard Chartered estimó en enero que, para fines de 2028, las stablecoins podrían retirar aproximadamente 500 mil millones de dólares en depósitos del sistema bancario estadounidense, afectando principalmente a los bancos pequeños y medianos.

Los gráficos comparan por qué los bancos y las criptomonedas están interesados en la ley de stablecoins, mostrando la pérdida de depósitos, impacto en los prestatarios, recompensas en efectivo y proteccionismo bancario.

La banca también intenta convencer a los legisladores de que su postura cuenta con apoyo popular. La Asociación de Banqueros de EE. UU. publicó recientemente una encuesta que indica que:

Cuando se pregunta si “permitir rendimientos en stablecoins podría reducir los fondos disponibles para préstamos y afectar el crecimiento comunitario y económico”, los encuestados apoyan en una proporción de 3 a 1 que el Congreso prohíba los rendimientos de stablecoins.

Y que, en una proporción de 6 a 1, la legislación sobre stablecoins debe ser cautelosa para no dañar el sistema financiero actual, especialmente a los bancos comunitarios.

Pero las empresas de criptomonedas contraatacan diciendo que la banca solo busca limitar la competencia del dólar digital para proteger su modelo de negocio.

Expertos del sector, incluido Brian Armstrong, CEO de Coinbase, argumentan que, bajo la Ley GENIUS, los requisitos de reserva para las stablecoins son más estrictos que los de los bancos: las stablecoins emitidas deben estar respaldadas en su totalidad por efectivo o equivalentes.

El aumento en el volumen de transacciones eleva la apuesta en Washington

El tamaño del mercado ha hecho que la disputa por los rendimientos deje de ser un tema menor.

La consultora Boston Consulting Group estima que el año pasado, la circulación total de stablecoins alcanzó aproximadamente 62 billones de dólares, pero excluyendo transacciones con bots y movimientos internos en exchanges, la actividad económica real fue de solo unos 4.2 billones de dólares.

La gran diferencia entre el volumen aparente y el uso económico real explica por qué la disputa sobre los rendimientos es tan crucial.

Si las stablecoins siguen siendo principalmente instrumentos de liquidación y mercado, será más fácil para los legisladores limitarlas a funciones de pago. Pero si los mecanismos de rendimiento convierten a las stablecoins en una forma ampliamente utilizada de almacenamiento de valor en aplicaciones, la presión sobre los bancos aumentará rápidamente.

Por ello, la Casa Blanca intentó a principios de año un acuerdo intermedio: permitir ciertos rendimientos en escenarios específicos como pagos punto a punto, pero prohibir que fondos ociosos generen beneficios. Las empresas de criptomonedas aceptaron este marco, pero la banca lo rechazó, lo que llevó a un estancamiento total en las negociaciones del Senado.

Incluso si el Congreso no actúa, los reguladores podrían tomar medidas para restringir los mecanismos de rendimiento.

La Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en EE. UU. propuso en una regulación para implementar la Ley GENIUS que si un emisor de stablecoins proporciona fondos a partes relacionadas o terceros, y estos pagan rendimientos a los titulares, se considerará una forma encubierta de distribución de rendimientos prohibidos.

Esto significa que, si el Congreso no legisla claramente, las agencias regulatorias podrían definir sus propios límites mediante reglas regulatorias.

El tiempo en el Congreso se agota

Actualmente, la disputa se divide en dos líneas:

• Si el Congreso debe resolverlo mediante legislación formal;

• Si los reguladores definen los límites en el marco legal existente.

Para el proyecto de ley del Senado, el tiempo es la mayor presión.

Alex Thorn, director de investigación de Galaxy Digital, escribió en redes sociales:

“Si la Ley CLARITY no pasa por la comisión antes de finales de abril, la probabilidad de que sea aprobada en 2026 será muy baja. La ley debe ser sometida a votación en el pleno del Senado a principios de mayo. El tiempo se acaba, y cada día que pasa, la probabilidad de aprobación disminuye en uno.”

También advirtió que, incluso si se resuelve la disputa sobre los rendimientos, el avance de la ley sigue siendo incierto:

Actualmente, se piensa que la disputa sobre los rendimientos de stablecoins bloquea la Ley CLARITY. Pero incluso si se llega a un acuerdo en ese aspecto, la ley probablemente enfrentará otros obstáculos.

Estos obstáculos podrían incluir regulaciones sobre finanzas descentralizadas, la autoridad de los reguladores, o incluso cuestiones éticas.

Antes de las elecciones de medio mandato en noviembre, la regulación de criptomonedas probablemente se convertirá en un campo de batalla político mayor. Esto hace que la situación actual sea aún más urgente: si la ley se retrasa, enfrentará una agenda política más apretada y un entorno legislativo más difícil.

Las encuestas del mercado reflejan también un cambio de ánimo. A principios de enero, Polymarket asignaba una probabilidad del 80% de que la ley fuera aprobada. Tras recientes fracasos (incluyendo declaraciones de Armstrong que consideran inviable la versión actual), la probabilidad cayó cerca del 50%.

Los datos de Kalshi muestran que la probabilidad de que la ley pase antes de mayo es solo del 7%, pero la de que pase antes de fin de año alcanza el 65%.

El fracaso de la ley transferirá más decisiones a los reguladores y al mercado

El impacto de su fracaso va mucho más allá de la disputa por los rendimientos. El objetivo principal de la Ley CLARITY es definir si los criptoactivos son valores, commodities u otra categoría, proporcionando un marco legal claro para la regulación del mercado.

Si la ley no avanza, toda la industria dependerá más de directrices regulatorias, reglas temporales y cambios políticos futuros.

Por eso, uno de los motivos por los que el mercado sigue muy atento a su destino. Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, afirmó a principios de año que la Ley CLARITY formalizará el actual entorno favorable para las criptomonedas; de lo contrario, los gobiernos futuros podrían revertir las políticas existentes.

Escribió que, si la ley fracasa, la industria de criptomonedas entrará en un período de “autoafirmación”, en el que necesitará unos tres años para demostrar su valor ante el público general y el sistema financiero tradicional.

Bajo esta lógica, el crecimiento futuro del sector dependerá menos de la “aprobación legislativa” y más de la adopción real de productos como las stablecoins y la tokenización de activos.

Esto plantea dos caminos muy diferentes:

• Aprobación de la ley → Los inversores anticipan el crecimiento de stablecoins y tokens;

• Fracaso de la ley → El crecimiento futuro dependerá más de la adopción real, enfrentando además la incertidumbre de cambios en la política de Washington.

El diagrama de flujo muestra la cuenta regresiva en las decisiones del Senado sobre stablecoins, con las fechas límite del 6 de marzo y de finales de abril o principios de mayo, que conducen a dos caminos: si el Congreso actúa, traerá claridad regulatoria y mayor crecimiento; si no, prevalecerá la incertidumbre.

Por ahora, la decisión está en Washington. Si los senadores reactivan la Ley de estructura de mercado en primavera, podrán definir cuánto valor pueden transferir las stablecoins a los usuarios y qué marco regulatorio puede convertirse en ley. Si no, las agencias regulatorias ya están preparadas para definir al menos algunas reglas por sí mismas.

Independientemente del resultado, esta disputa ha trascendido la cuestión de si las stablecoins son parte del sistema financiero, y ahora se centra en cómo operarán dentro del sistema y quién se beneficiará de su desarrollo.