Hay una tendencia preocupante emergiendo en la regulación global que las comunidades Web3 deberían vigilar de cerca. Cuando órganos cuasi-judiciales pueden exigir la eliminación de contenido transfronterizo en 30 minutos—sin transparencia, sin debido proceso y sin mecanismo de apelación—eso ya no es ley. Es censura disfrazada de lenguaje burocrático.

Este tipo de marco de "eliminar cosas que no nos gustan" se está infiltrando en las discusiones políticas, y contradice fundamentalmente cómo deberían operar las sociedades pluralistas. Sin proceso de apelación. Sin explicación. Solo demandas de cumplimiento sin recurso. Eso es incompatible con los principios sobre los que se construyó Web3: transparencia y debido proceso.