La última señal de política está levantando ampollas en los sectores de tecnología y energía. Se habla de obligar a las principales empresas tecnológicas a asumir una mayor parte de los costes de electricidad residencial a medida que el consumo de energía sigue aumentando. Esto podría redefinir cómo los operadores de centros de datos—incluidos aquellos que gestionan operaciones de minería de criptomonedas e infraestructura Web3—calcularán sus gastos operativos en el futuro.

El movimiento destaca la creciente tensión entre la demanda energética en auge de la IA y las industrias con altas cargas computacionales y la presión creciente sobre las facturas de servicios públicos de los hogares. Para el ecosistema de blockchain y activos digitales, este tipo de intervención regulatoria en los costes energéticos podría tener efectos en la rentabilidad de la minería y en la economía de la infraestructura descentralizada. Ya sea que esta estrategia realmente se materialice o quede en posicionamiento político, vale la pena observar cómo evoluciona la política energética en relación tanto con la tecnología tradicional como con el sector Web3.