El parlamento de Tayikistán acaba de aprobar una nueva ley contundente contra los mineros de bitcoin que roban electricidad de la red nacional. El Código Penal actualizado impone multas a individuos que van desde 15,000 hasta 37,000 somoni—aproximadamente $1,600 a $4,000. Pero la situación empeora para las operaciones de mayor tamaño.

Las organizaciones atrapadas minando con energía de origen ilegal podrían enfrentar sanciones de hasta 75,000 somoni (alrededor de $8,000), y las partes responsables podrían enfrentarse a 2 a 8 años de prisión. Este movimiento legislativo señala la postura seria del gobierno respecto al robo de energía en el sector de la minería, especialmente a medida que países de todo el mundo lidian con la demanda eléctrica de las operaciones cripto.

La represión refleja las crecientes preocupaciones sobre la estabilidad de la red y la asignación de recursos en países donde la infraestructura eléctrica ya está bajo presión.