Rumanía está intentando nuevamente arreglar el cómodo sistema de pensiones de su poder judicial. El gobierno está apostando a que este impulso de reforma realmente tenga éxito esta vez—y quizás, solo quizás, ayude a reducir lo que se ha convertido en la brecha presupuestaria más inflada de la UE. Es una venta difícil: recortar beneficios para los jueces mientras el país se ahoga en déficit. Si lo logran, podría señalar si la disciplina fiscal real es incluso posible cuando la voluntad política se encuentra con intereses arraigados.