La administración actual de EE. UU. acaba de lanzar una bomba informativa: afirma que la estructura de financiamiento de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor viola la ley federal. Esto podría transformar la forma en que opera la supervisión financiera, afectando potencialmente todo, desde la banca tradicional hasta los sectores fintech emergentes. La medida plantea serias dudas sobre la estabilidad regulatoria en el futuro.